Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile
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Libro II, Título IV Regulación conjunta de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Capítulo I. Introducción

Materias asociadas: Depósito de Ahorro Previsional Colectivo / Déposito de Ahorro Previsional Voluntario

Con el objeto de ampliar, fomentar y profundizar los mecanismos de ahorro previsional voluntario dispuestos en el artículo 20 del D.L. N° 3.500, de 1980, la Ley N° 20.255, de fecha 17 de marzo de 2008, crea el ahorro previsional voluntario colectivo (APVC), que permite a los trabajadores complementar su ahorro obligatorio, con aportes de naturaleza voluntaria que contemplan beneficios tributarios.

En términos generales, este nuevo mecanismo de ahorro previsional consiste en un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución Autorizada, con la finalidad de incrementar los recursos previsionales de los trabajadores. Se basa en aportes de los trabajadores y de sus empleadores, con beneficios tributarios para ambas partes. En el caso del trabajador el beneficio tributario, incluido el pago de una bonificación de cargo fiscal, dependerá del régimen tributario por el cual opte acoger sus aportes. En el caso del empleador sus aportes se consideran como gasto necesario para producir la renta. Los aportes del trabajador son siempre de su propiedad, en tanto que los aportes del empleador pasan a ser de propiedad del trabajador una vez que se cumplen las condiciones que se establecieron en el respectivo contrato de ahorro de APVC o si el contrato de trabajo termina por las causales de los artículos 161 o 163 bis del Código del Trabajo. Las Entidades autorizadas para administrar estos planes de ahorro son aquéllas que se describen en los números 1 y 9 del Capítulo II del presente Titulo.

Nota de actualización: Este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 136, de fecha 30 de enero de 2015.

Respecto de los contratos de APVC, el número 3 del Título III del DL N° 3.500, de 1980, establece que las empresas pueden ofrecer a todos y cada uno de sus trabajadores adherir a uno o más contratos de ahorro previsional voluntario colectivo y que sus términos y condiciones son convenidos entre el Empleador y la Administradora o Institución Autorizada, debiendo ser igualitarios y no discriminatorios para todos los trabajadores de la empresa, tanto respecto del acceso a los contratos o a los planes de ahorro contenidos en ellos. Asimismo, la citada Ley señala que las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, a través de una norma de carácter general dictarán los requisitos que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario colectivo, además de los procedimientos necesarios para su correcto funcionamiento.

En este contexto y con el objeto de cumplir con el mandato legal, las tres Superintendencias emiten la norma de carácter general que establece las normas y procedimientos que deberán cumplir las Administradoras de Fondos de Pensiones e Instituciones Autorizadas en relación a las características y requisitos de los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario colectivo, la información histórica del trabajador, la recaudación y transferencias de los aportes, los traspasos de saldos entre las Entidades, las comisiones, los retiros de fondos, la cobranza, la tributación, la bonificación fiscal y finalmente, la publicidad y promoción que debe efectuarse acerca de este mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo.